Gil ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la localidad de Nanclares de Oca para hacer una valoración del citado informe y de la decisión de la Diputación de revocar el permiso de excavación a su empresa. El arqueólogo, que no ha admitido preguntas, no ha entrado a rebatir las argumentaciones puntuales ofrecidas ayer por los miembros de la comisión de expertos y ha afirmado que está sufriendo un "linchamiento mediático".
Gil que en repetidas ocasiones ha apelado a la situación "personal" que atraviesa él y otros miembros de su equipo tras el conocimiento del informe, en el que se niega autenticidad a algunos hallazgos, ha dicho que está viviendo una situación "absolutamente kafkiana".
Ha considerado que esta comisión se ha "extralimitado" en sus atribuciones y que ha actuado con falta de garantías, por lo que ha anunciado que su empresa emprenderá las medidas "administrativas y legales" oportunas y que incluso podría legar a "pedir dimisiones de responsables políticos".
Gil, que no ha hecho referencia a las denuncias de anacronismos e incongruencias de los grafitos citadas por la comisión de expertos, sí se ha referido a que un catedrático de Química hablara de la aparición de pegamento en un pieza.
Ha explicado que es habitual en los trabajos de arqueología pegar piezas de una misma unidad para proseguir con las investigaciones, por lo que, ha ironizado, si este caso no fuera lo suficientemente grave podría denominarse como el del "pegamento", cuando "no hay pegamento para reparar el honor".
Por último, ha tenido palabras hacia las diez personas de su equipo y los 24 trabajadores del Ayuntamiento de Iruña de Oca que trabajaban en el yacimiento romano y que hoy no han podido acceder a sus puestos de trabajo, ya que la Diputación ha revocado el permiso de excavación a la empresa de Gil.
A este respecto, el alcalde de la localidad, José Javier Martínez, ha enviado una carta a la diputada de Cultura de la Diputación de Araba, Lorena López de Lacalle, en la que muestra su "más enérgica reprobación" por haber dejado al municipio al margen de las decisiones sobre el yacimiento.
También las entidades Euskal Trenbide Sarea y Eusko Trenbideak, patrocinadoras de los trabajos, están estudiando la denuncia del convenio suscrito en 2001 y que tenía una vigencia de diez años, con un importe anual de más de 372.000 euros.