El plan para resolver la crisis entre Sudán y la Corte Penal Internacional (CPI) fue adoptado el sábado durante una sesión de emergencia a nivel de cancilleres. El conflicto entre el gobierno de Sudán y la CPI estalló luego de que el fiscal jefe de esa corte, el argentino Luis Moreno-Ocampo, solicitara una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur.
Sudan accedió a continuar examinando los crímenes y violaciones a los derechos humanos en Darfur probados por investigaciones realizadas por el gobierno, señaló la Liga en un comunicado.
No está claro, de todas formas, si dos funcionarios sudaneses acusados por la CPI el año pasado serán sometidos a juicio dentro del sistema judicial sudanés.
Sudán también accedió a formar cortes especiales y nombrar a un fiscal especial para lidiar con casos relativos a Darfur, además de armonizar las leyes penales locales con las del derecho internacional.
Expertos legales de la Unión Africana, la Liga Arabe y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) garantizarán por su parte que las leyes sudanesas y los procedimientos legales para casos de Darfur sean abarcativos.
En tanto, la Liga Arabe solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU que suspenda todas las medidas tomadas bajo una resolución de 2005, que refiere el caso Darfur a la CPI, añade el comunicado.
Esto significaría que el Consejo de Seguridad le solicitaría a la CPI que demore el proceso de acusación por 12 meses.
Al Bashir está acusado de llevar adelante una campaña de genocidio contra tres tribus de Darfur que le ha costado la vida a miles de personas y desplazado a alrededor de 2,5 millones de personas hacia las regiones occidentales de Sudán.
