"Cuando acaba una investigación, acaba", ha señalado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ha destacado que la acción judicial nada tiene que ver con la del Ejecutivo y que éste seguirá trabajando "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser". También la Junta de Andalucía se ha comprometido a atender las demandas de exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo a pesar de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse de la causa en favor de los Juzgados de aquellos territorios en los que estén situadas las fosas que albergan los restos.
La consejera andaluza de Justicia, Evangelina Naranjo, ha dicho que, "con independencia" de la decisión que adopten los tribunales, el Ejecutivo autonómico irá "atendiendo poco a poco" las demandas que planteen los familiares de las víctimas, activando los protocolos necesarios para la exhumación de los cadáveres.
La solución apuntada por la Administración central y por la autonómica es la más viable para que los familiares de los desaparecidos recuperen sus cuerpos, a juzgar por las declaraciones efectuadas hoy por varios presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que coinciden en que resultará difícil mantener abierta la causa "si los autores (de los delitos) están muertos".
Así, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, ha dicho que los titulares de los Juzgados territoriales se van a encontrar con el mismo problema con el que se ha topado Garzón, el de que no hay contra quien dirigir la acción penal.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del TSJ de Castilla y León, César Tolosa, que ha dicho que sin responsables vivos "ya sabíamos que no era el proceso penal el medio más indicado para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, que quizá debe de ventilarse en el ámbito político o en el ámbito administrativo, pero nunca en el ámbito judicial".
Aún más categórica sobre cuál es el futuro más probable de la causa judicial se ha mostrado la presidenta del TSJ de Cataluña, María Eugenia Alegret, que ha afirmado que "si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona o Lleida".
La decisión de Garzón, en cualquier caso, no ha sentado mal en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que aunque ayer la calificó de "decepcionante" hoy ha considerado que es "la más acertada" para evitar la paralización del proceso.
"Antes de que le fuese cerrada la puerta de la Audiencia Nacional, es preferible abrir muchas más", ha declarado a Efe el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que confía en que si algún Juzgado territorial se niega a abrir una investigación que le corresponda, el Consejo General del Poder Judicial garantizará que se realicen "los deberes encomendados".
Son esas nuevas "puertas" abiertas las que han hecho que las asociaciones denunciantes -cuyos abogados se han reunido hoy con Garzón para estudiar el auto- no hayan decidido aún si lo van a recurrir o no.
